El pasado día 13 de febrero, la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, presentó en los Juzgados de Madrid, una querella contra el Presidente de Patrimonio Nacional, Sr. Rodríguez-Spiteri y Palazuelo, por el más que evidente estado de abandono en cuestión de mantenimiento del conjunto monumental del Valle de los Caídos, labor que la que Patrimonio Nacional es responsable. La ADVC entiende que los hechos denunciados son constitutivos en principio de los siguientes tipos delictivos:
- Delito de Daños del art. 263 CP.
- Delito sobre el patrimonio histórico del art 321 y ss del Código Penal.
- Delito de prevaricación del 404 CP.
3 commentarios
Antonio Vallejo-Nçajera · 15 mayo, 2015 a las 17:27
No es abandono, simplemente no rezáis lo suficiente. Echadle más ganas y veréis como el €$píritu $ant0 baja desde el alto cielo para componer un monumento levantado contra los herejes que pretendían librar a España del influjo de dicho €$píritu.
Álvaro de Sande · 23 febrero, 2015 a las 9:02
Ante las evidentes y reiteradas acciones y omisiones de Patrimonio Nacional en contra del Valle de los Caídos desde tiempos de Adolfo Suárez ¿qué papel ha desempeñado la Fiscalía General del Estado al no entender de oficio en defensa del Valle y contra los culpables del abandono y acoso al monumento, al culto religioso católico, a las arcas públicas y a los empleados y visitantes del mismo?
Quizá algún malpensado pudiera sospechar que hay más personajes y estamentos contra los que habría que querellarse y, por tanto, no estaría de más que dieran las oportunas explicaciones al respecto, a no ser que prefieran que les sean exigidas por vía judicial. Todo esto es un suponer, claro está.
Guripa · 22 febrero, 2015 a las 17:23
¿Y el delito de malversación de caudales públicos? Si el Valle ha recaudado más de 50 millones de euros en algo más de dos décadas y no se han empleado en su mantenimiento y conservación será porque se han desviado esos fondos a otros fines, así que el actual presidente de Patrimonio Nacional, y también los anteriores, deberían ser encausados junto con sus jefes, es decir, los ministros de los que ha dependido dicho organismo en esos años.
Ya va siendo hora de que los indeseables dejen de estar cobijados en instituciones públicas y eludan las consecuencias de sus delitos.